Reordenamiento de las prioridades, la salud

Andrés Sanfuentes

Los anuncios de la Presidenta Bachelet, respecto a la ejecución de su programa de gobierno han generado el natural debate político, tanto en la Nueva Mayoría como en la oposición. En la coalición de gobierno esto ha revivido las polémicas entre los "retroescavadores" y los "concertacionistas", ante las propuestas del "realismo sin renunciar" acompañado por las afirmaciones que señalan que "sin crecimiento no hay reformas sustentables" y la necesidad de ser fiscalmente responsables.

Sin embargo, la debilidad de los partidos políticos y la existencia de un régimen presidencial, hacen incuestionable la importancia de la definición de la mandataria, a pesar de la reciente disminución de su popularidad.

La fijación de prioridades es un llamado al realismo, especialmente ante el debilitamiento del crecimiento económico, con la consiguiente reducción de los ingresos fiscales. No se podrán financiar todos los programas sociales, mediante los cuales el gobierno pensaba atenuar la gran desigualdad existente en la sociedad chilena.

Un ejemplo es lo que ocurre con las metas de salud, que claramente aparece como la principal demanda popular, por el bajo nivel de las prestaciones públicas y las inequidades en las atenciones.

La salud pública es uno de los sectores más atrasados en el país, y la resistencia a los cambios ha impedido su necesaria modernización, en la medida que permanece como una parcela gremial difícil de penetrar. A ello se suman serios problemas de gestión en el ministerio del ramo y sus dependencias.

Un ejemplo es el atraso en la construcción de los hospitales planificados en los últimos gobiernos de Piñera y Bachelet. Esta situación podría agravarse con la estrechez fiscal, que obliga a concentrar recursos en otras prioridades, como es el gasto en Educación, en que aún se sigue privilegiando la gratuidad en la Educación Superior, a pesar de las consecuencias regresivas que tiene.

Sin embargo, parte del problema podría superarse mediante la licitación de la construcción de hospitales, lo cual no gravaría la caja fiscal en el corto plazo y permitiría destinar fondos a la construcción de consultorios y a la mejoría en la operación de las prestaciones de salud. Se ha argumentado que la construcción gubernamental de los hospitales es más barata que concesionarlos, lo cual solamente mostraría que las licitaciones de concesiones se han efectuado en forma ineficiente y sin los controles adecuados porque, si los hace el Estado, tendría que licitar su construcción entre empresas privadas, porque el MOP no ejecuta las obras directamente.

Efectuar estas concesiones y no diferir la construcción, aumenta la inversión; genera empleos y ayuda a la reactivación económica, además de apurar necesarias atenciones de salud.

En definitiva, para no entrar a la parcela gremial, la concesión podría limitarse a la edificación, dejando la operación posterior en manos de los médicos y otros gremios de la salud.

Otro tema que sería postergado es la reforma de las isapres. El informe de la comisión asesora sobre el tema ha planteado que el objetivo final es socializar el aporte del 7% que realizan los cotizantes, con el cual financian total o parcialmente su seguro privado con una isapre o el acceso a Fonasa. Esta intención ha sido cuestionada por el sector privado, pues es visualizada como una suerte de impuesto que afectaría a sectores de ingresos altos y medios, al establecer en el tiempo un sistema general de prestaciones públicas de salud. Ante las resistencias manifestadas y la falta de recursos fiscales para atender una exigente masa de nuevos pacientes, esta iniciativa también sería postergada.

Sin embargo, los cambios en las isapres podrían limitarse a igualar las condiciones de los seguros que hoy discriminan por género y por edad, ya que ese cambio ya está bastante asumido por la opinión pública y los prestadores, lo que permitiría su implantación.